Rector de la UNA comparece ante diputados
El rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, presentó este martes 16 octubre ante la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, sus explicaciones acerca de la administración, inversión en infraestructura y ejecución de los recursos de esta universidad, tras los cuestionamientos que ha recibido por la inversión de $14 millones en la construcción de varias obras dentro del Campus Omar Dengo, en Heredia.
La Comisión legislativa está integrada por los diputados Wagner Jiménez y Silvia Hernández, de Liberación Nacional; Ignacio Alpízar y Miledy Alvarado, del Partido Restauración Nacional; Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana; Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana y Silvia Villegas del Partido Integración Nacional.
En su exposición Salom manifestó que esta obra estaba contemplada en la planficación de institucional, que se plasma en el Plan de Mediano Plazo Institucional (PMPI). En este momento corresponde al periodo de 2017 al 2021.
“Lo que sí ocurrió con las obras que están en construcción de la UNA, así como con las que están proyectadas, muy especialmente la llamada “Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil”, es que todas ellas han tenido varios refrendos por parte de la Contraloría General de la República. La CGR refrendó los presupuestos de 2017, 2018 y 2019, en todos los cuales ya se había formulado este proyecto que hoy se objeta. En el 2017 este proyecto se sacó a licitación por primera vez, pero fue declarado desierto porque ninguna empresa se presentó al concurso. De ahí que fuera necesario volver a formularlo en el presupuesto del 2018”, aclaró.
Salom defendió la inversión en tiempos de crisis y explicó que “A la UNA se le han cuestionado básicamente dos cosas: la oportunidad de la inversión en tiempo de crisis y la calidad de la inversión que realizamos. Es un razonamiento muy curioso y prejuicioso. Hemos de suponer que ambos están relacionados, porque de lo contrario habría que pensar que algunas de las personas que objetan nuestra inversión están opuestas a toda inversión en tiempo de crisis. De ser así, ¿qué hacemos con el resto de la inversión pública, la que se está ejecutando y la que viene en camino? Pensemos en el edificio legislativo, cuya construcción nadie duda que es una necesidad para la democracia costarricense, y tengo entendido se va a requerir una ampliación de recursos para su culminación. Otros proyectos de inversión pública, que supongo nadie cuestiona son: la ampliación de la ruta 1, la 32 y la circunvalación, los cuales están en desarrollo. Tampoco nadie cuestiona el sistema carcelario del Ministerio de Justicia, la infraestructura educativa para colegios, o el mejoramiento del aeropuerto Juan Santamaría, para poner solo algunos ejemplos.
“Como presumo que muy pocos cuestionarían las mencionadas inversiones públicas por el hecho de encontrarnos en crisis, no queda más remedio que pensar que el tema es sobre la calidad de la inversión. Aquí parece radicar el asunto. Esta es la primera vez que los críticos de la obra en la UNA pretenden obviar los mecanismos que la ley le ha otorgado a las universidades para desarrollar la academia e invertir los recursos, aun habiendo sido avalados por nuestro sistema académico; además del refrendo del ente contralor en tres ocasiones”.
Sobre el detalle de la inversión, el rector dijo que las obras se están haciendo con recursos propios (fondos FEES) presupuestados entre el 2015-2018, cuya suma es de 33.854 millones de colones. Tales recursos, agregó, están divididos por campus de la siguiente manera: Campus Benjamín Núñez, 2.508 millones; Campus Omar Dengo, 21.361 millones; También se incluyen otras obras como el Complejo San Pablo por 7.886. millones; Sarapiquí, 821.458 millones; Sede Brunca, 1.039 millones; Sede Chorotega, 236.384 millonoes. Agergó que, además, se han fortalecido los recursos de operación en becas, la inversión en flotilla vehicular (tanto buses como vehículos 4 X 4), la oferta académica con carreras itinerantes, no solo en las sedes, sino en otros cantones de alta pobreza como Guatuso, Los Chiles y Upala.