Los "Panama Papers" y la ruptura del sistema tributario costarricense
Lejos de haber finalizado, el caso de los Documentos de Panamá sigue dando de qué hablar. Ya no tanto por su novedad sino por sus consecuencias.
Han provocado la renuncia de un Primer Ministro, la apertura de investigaciones al presidente de Argentina, -Mauricio Macri-, a figuras y organizaciones prominentes del deporte (como la FIFA y la UEFA), la farándula y, por supuesto, a un sinnúmero de empresarios, bufetes y empresas.
A pesar de esto, en Costa Rica, a nivel político, se han suscitado dos reacciones que parecen no ser las correctas: la minimización de la gravedad de los hechos, así como la recomendación de detención de los proyectos de reforma tributaria, hasta tanto no se lleve a cabo una investigación judicial profunda.
En el primer caso, algunos medios y analistas han sugerido que los hechos que han salido a la luz pública -gracias a la mega filtración de información- no deberían desvelarnos, que no son gran cosa. Vale decir que discrepamos en forma y fondo, revisando los casos que han salido a la prensa, se nota que hay muchos que muestran una conducta reprochable, un claro interés en no contribuir para sostener una sociedad y un Estado Social de Derecho que les está permitiendo salir adelante y enriquecerse.
En el segundo caso, detener el proceso de discusión y avance de la reforma fiscal no sólo permitirá que siga pasando lo que sabemos está ocurriendo con las subsidiarias off shore, sino que permitirá que ocurran cosas peores.
Leyendo los casos de los movimientos de capital y creación de sociedades en Panamá a través del bufete Mossack Fonseca, salta a la vista que para la legislación costarricense casi la totalidad de los mismos son legales, y no debían pagar impuestos ni deberán hacerlo si no cambiamos las leyes. Probablemente algún caso sería sujeto de calificar como fraude fiscal, pero en vista de que los correos electrónicos no pueden ser utilizados como prueba, quizás quedaría impune, sí, así como lo oye.
El sistema tributario costarricense está roto, verdaderamente roto. Las razones son muchas, la más grave es su regresividad, es decir, pagan más quienes tienen menos. Diversos estudios muestran que esto ocurre tanto en el impuesto sobre la renta, como en el de las ventas.
Está muy mal diseñado, porque descansa en impuestos indirectos (por tanto regresivos), y no grava a las actividades más dinámicas de la economía. Esto es, a quienes les está yendo mejor, el capital y las actividades de servicios, casi no se le cobran impuestos.
Permite que existan altos niveles de elusión y evasión, el Ministerio de Hacienda estima que estos alcanzan más de ocho puntos de la producción - en momentos en que el déficit fiscal llega a seis puntos- mientras puede hacer poco o nada al respecto, pues no tiene los mecanismos legales.
Y todo seguirá pasando mientras no hagamos nada, no es posible, no es justo que paguen más quienes menos tienen, que a los que les va mejor no contribuyan con el sostenimiento del Estado, y que algunos que deben contribuir se salgan con la suya por los portillos que deja un sistema tributario que expertos consideran como el más atrasado de la región centroamericana.
Ciertamente el gobierno haría muy bien en investigar a fondo lo ocurrido para determinar si hay delitos, pero en paralelo la reforma debe continuar, así lo están haciendo los países avanzados y lo recomiendan organismos.
Greivin Hernández, Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.