Personas con discapacidad trazan ruta hacia la inclusión
un sistema de educación inclusivo, cumplir con prontitud las normas jurídicas sobre derechos de personas con discapacidad, más esfuerzos por parte del Ministerio de Educación Pública (MEP) para asegurar avances en la educación inclusiva, promover los cambios para que los profesionales de este campo se ajusten a la educación inclusiva y dar seguimiento a los acuerdos tomados. Cerca de 300 personas con discapacidad le señalaron a las autoridades de gobierno y universidades, durante el I Congreso Nacional sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad (Ceiped), cuál es el camino a seguir si se desea una sociedad inclusiva.
Durante el seminario, que se realizó en el campus Liberia de la Universidad Nacional (UNA) del 25 al 27 de noviembre, personas con discapacidad, así como representantes de agrupaciones comprometidas con este sector discutieron una serie de propuestas, con el fin de formular una Política de Estado vinculada con la educación inclusiva de estas personas, que cumpla con las obligaciones éticas, constitucionales y sociales del Estado costarricense.
La actividad, organizada por la UNA, el MEP, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, el Consejo Nacional de recursos para la Educación Inclusiva y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, sirvió para generar la declaratoria del I Congreso Nacional sobre Educación Inclusiva para Personas con Discapacidad (documento completo en http://goo.gl/uSATnj
Voces de apoyo
Luis Guillermo Solís, presidente de la República, expresó que esta actividad coincide con el proceso iniciado por su administración para garantizar oportunidades laborales a personas con discapacidad e incorporarlas en todos los ámbitos de la vida productiva y cultural del país.
Aseveró que no existen personas con discapacidad, sino con limitaciones físicas, y que la discapacidad se genera cuando no se brindan las condiciones adecuadas para que se integren a la sociedad. Y esta labor, dijo, le corresponde al gobierno central y los gobiernos locales
Destacó que en la lógica de la construcción de mayores oportunidades de empleo para esta población se deben ejecutar programas que garanticen, en especial a mujeres jóvenes y personas con discapacidad, acceso a programas como Mi primer empleo que tiene ese objetivo.
Alberto Salom, rector de la UNA, coincidió con el mandatario de la República, que desde la perspectiva de los derechos humanos, no es que las personas con discapacidad se adecúen a una sociedad que no está edificada y construida para hacer posible el desarrollo de las personas con discapacidad; más bien, es la sociedad la que debe adecuarse para la existencia de una auténtica igualdad de oportunidades, entre personas con discapacidad y las demás.
Hernán Alvarado, vicerrector de Extensión de la UNA y coordinador de la comisión organizadora de este congreso, indicó que sería oportuno un decreto de política de estado que fortalezca la educación inclusiva y de calidad y con ello se haga justicia a los niños, jóvenes y personas con discapacidad.
Declaratoria
Por tanto de la Declaratoria del I Congreso Nacional sobre Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad:
Educación inclusiva para una desarrollo incluyente
POR TANTO, LOS ABAJO FIRMANTES,
APOYAMOS LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
Que el Estado tendrá que asegurar “un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”, siendo consecuente con la recomendación del Comité para “asegurar que todas las personas con discapacidad tengan acceso a la educación inclusiva, en todos los niveles de la educación incluyendo la educación para adultos y en todo el país, y garantice que esta educación tenga cobertura en las áreas más remotas, tenga enfoque de género, pertinencia étnica y cultural”. (Comité Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Informe final ante informe inicial del Estado costarricense, abril, 2014).
Que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa cumplan con la pronta armonización del marco jurídico educativo respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su condición de norma supra constitucional.
Que el Gobierno de la República haga mayores esfuerzos, desde el Ministerio de Educación Pública (MEP) para elaborar y aplicar una política que asegure avances sostenidos en materia de educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, al tenor de lo que indica el artículo 24 de la CDPD, lo que incluiría, cuando menos:
a) Un Decreto del Poder Ejecutivo para el fortalecimiento de la educación inclusiva que contenga ese propósito y la manera efectiva de llevarlo a cabo, con su correspondiente plan de ejecución.
b) La apertura de un proceso participativo para la elaboración del I Plan Nacional de Educación Inclusiva, que considere adecuadamente a las personas con discapacidad.
c) La revisión y modificación de los procedimientos para la inclusión en todos los niveles del sistema educativo de las personas con discapacidad, que contravengan los principios y disposiciones de la CDPD.
d) El ajuste en los procesos actuales de mediación pedagógica, de manera que se logre trascender de la sensibilidad a la obligatoriedad, según las disposiciones del mismo tratado en materia de educación inclusiva y de calidad.
Que los órganos superiores de la educación superior y las universidades públicas y privadas, que son las formadoras de docentes y de otros profesionales que prestan servicios de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, realicen los cambios educativos que garanticen que todos esos profesionales se ajusten a la educación inclusiva y a los procesos que aseguran, en forma equitativa, la calidad educativa que merecen las personas con discapacidad.
Que para liderar el cumplimiento de estas propuestas, este I Congreso de educación inclusiva ha conformado un “Comité de Acción y Seguimiento”, que en acatamiento del principio de transparencia informará sobre el avance de las mismas y organizará el segundo congreso, con miras a recuperar el liderazgo educativo del país en la región centroamericana.